INTRODUCCIÓN

El fenómeno de expansión territorial de las ciudades mexicanas se ha dado en muchos casos de manera atomizada, a baja densidad (Bazant, 2008). La falta de una política de vivienda de bajo costo con especificaciones para determinar la ubicación de este tipo de unidades en las ciudades repercute en que los desarrolladores elijan dónde ubicar estos fraccionamientos habitacionales. Los desarrolladores de vivienda escogen terrenos periféricos, en parte por los costos asequibles de suelo, pero sobre todo porque las grandes extensiones de terreno disponibles facilitan la economía de escala (Libertun de Duren, 2017). Monterrey, como otras ciudades mexicanas, se encuentra en una etapa de suburbanización, dado que las áreas urbanas conurbadas periféricas han mostrado una mayor tasa de crecimiento porcentual anual con respecto de la ciudad central en los últimos cuatro censos desde 1990 (INEGI, 2020). El aumento de desarrollos habitacionales en la periferia de la ciudad, que se ha generado debido a la necesidad de vivienda asequible para la población, a menudo trae consigo otros problemas a sus habitantes como los costos de traslado, la infraestructura y servicios deficientes, así como la falta de equipamientos urbanos diversos.

En este sentido, los parques y espacios verdes, pieza clave de los equipamientos comunitarios en las ciudades, brindan una amplia gama de servicios ecosistémicos que podrían ayudar a mejorar la salud de las personas y otros seres vivos de las ciudades. Estos servicios, entre los que se cuentan la regulación del clima (Feyisa et al., 2014), la limpieza del aire (Xing et al., 2019), o el incremento en la salud de la población a través de oportunidades de ejercicio (Padial-Ruz et al., 2021) son especialmente críticos en ciudades en donde se reúnen condiciones de altas temperaturas, altos índices de contaminación y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, existe una inequidad en el abastecimiento de áreas verdes e integración de naturaleza en las ciudades, razón por la cual se ha incluido como una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 el acceso universal a dichas áreas (Naciones Unidas, 2018). Si bien no se han establecido acuerdos generales sobre la cantidad de superficie que se debe disponer en relación a la población, las principales recomendaciones que se han establecido tanto mundial como localmente se encuentran relacionadas con la proximidad de dichos espacios a las zonas de vivienda (World Health Organization, 2016).

El municipio de Monterrey y su Área Metropolitana (AMM) cuenta con una superficie de 6.72 m2 por habitantes entre todos los municipios que la conforman, existiendo mayor superficie de área verde en el municipio de San Pedro Garza García con 12.96 m2 por habitante (García, 2018) que es uno de los municipios que presentan menor densidad de población del AMM (INEGI, 2020). Solamente en el municipio de Monterrey se calculan 6.2 m2 de área verde por habitante, sin embargo, la concentración es desigual en todo el municipio, ya que la zona centro cuenta únicamente con 3.48 m2 por habitante y la zona norte es la que presenta una menor superficie de áreas verdes con 2.63 m2 por habitante debido a que tiene mayor densidad poblacional (Jiménez-Pérez et al., 2013).

Dentro de las normativas que regulan a nivel nacional en México, los parques se clasifican como espacios públicos y de acuerdo con su función se definen como aquellos espacios que se ubican en un asentamiento construido y están destinados a la interacción social, recreación, así como al descanso de los habitantes. Con la finalidad de ampliar la diversidad de población que los visita, estos espacios deben disponer de la infraestructura e instalaciones que permitan al menos dos actividades que puedan realizarse de forma simultánea (SEDATU, 2022). Estos espacios favorecen a mejorar la calidad de vida de los habitantes, además de las contribuciones medioambientales y sociales antes mencionadas, funcionan como elementos que dan orden al territorio en la planeación urbana y por tanto proveen de valor estético a los barrios de las ciudades (Heidt y Neef, 2008).

Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación consiste en determinar si existen zonas de alta concentración de población infantil (mayor a 2000 infantes agrupados en 0 a 14 años de edad) con carencias de áreas verdes urbanas en la Zona Metropolitana de Monterrey (por debajo de la media metropolitana de 6.72 m2 por habitante). Aunado a lo anterior, se busca identificar el tipo de áreas verdes con la que cuentan estos asentamientos habitacionales, para distinguir aquellos espacios que dan servicio a la población tanto por su superficie como por la proximidad a la zona de vivienda. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, se realiza el análisis descriptivo estadístico de los datos censales obtenidos de INEGI utilizando QGIS, un sistema de información geográfica de acceso abierto.

Equidad y justicia espacial, acceso y participación

El espacio público es un componente fundamental para la organización e integración de la vida colectiva y la representación de la sociedad, por ello, el derecho al espacio público es uno de los derechos fundamentales de la ciudad (Carrión-Mena y Dammert-Guardia, 2019). No obstante, en las ciudades los parques y áreas verdes no suelen tener una distribución equitativa, ni la población tiene acceso igualitario a ellos. Por un lado, la falta de una dotación igualitaria se ha reconocido como una expresión de ausencia de justicia espacial, un concepto que surge del mismo derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968). Este concepto es una forma de mirar la justicia social, económica u otras desde una perspectiva espacial crítica (Soja, 2010).

Por otro lado, el acceso suele estar estratificado en función de los ingresos, las características étnico-raciales, la edad, género, discapacidad y otros rasgos identitarios de las personas (Byrne et al., 2009; McConnachie y Shackleton, 2010; Wolf et al., 2014). En México, las políticas públicas relacionadas a la distribución y acceso a los parques, entendidas como “el conjunto de acciones y omisiones sobre problemas socialmente reconocidos, los cuales demandan atención y recursos, tanto gubernamentales como sociales” (Ziccardi, 2019, p.63), no han sabido atender con agilidad, equidad y amplitud de cobertura las necesidades de su población. El acceso a los parques es un factor crucial que influye en su uso y en la actividad física de las personas, en particular en el caso de las infancias (Rigolon y Flohr, 2014). El acceso se considera como la entrada o el uso potencial de algún lugar por parte de la mayoría de las personas (Penchansky y Thomas, 1981). A pesar de que el acceso equitativo a los espacios públicos y áreas verdes es un derecho mencionado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de Larrea Morón y Villate, 2020) y la Nueva Agenda Urbana, el acceso físico de las infancias a los parques a menudo es insuficiente.

La importancia de la presencia de las y los niños en los parques radica en que este sector de la población se encuentra en crecimiento por lo que jugar al aire libre puede aportar en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, físicas, sociales y emocionales (Gülgönen y Corona, 2019), así como estar en contacto con la naturaleza contribuye a liberar su estrés y bienestar (Vella-Brodrick y Gilowska, 2022) y a partir de la sensibilización a desarrollar actitudes proambientales (Barraza, 1998). En tanto que se considera a la niñez como un indicador universal del nivel de bienestar general de la sociedad y del estado de desarrollo humano (Agarwal et al., 2021). Adicionalmente, la calidad de los parques de las ciudades también varía, considerando la inclusión de vegetación, caminos, sombra, áreas de deporte y recreativas, juegos infantiles, infraestructura de soporte al ciclismo, luminarias, estacionamiento, bebederos, bancas, sombra, baños, área de picnic, etc. así como el estado en el que estos se encuentran (Cavnar et al., 2004; Bedimo-Rung et al., 2006; Saelens et al., 2006) Las disparidades tanto en distribución en la ciudad como en características de los espacios resultan en que esa promoción de la salud no se dé entre las poblaciones desfavorecidas, que pueden no tener acceso a otros espacios y recursos.

Diversas investigaciones orientadas a investigar la promoción de la salud por medio de la actividad física de las y los niños, destacan la importancia de la cantidad y la proximidad de los parques en las zonas de viviendas además de la presencia de equipamiento para que las y los niños visiten estos espacios (Molina-García et al., 2022). En ese sentido, se debe considerar que la población infantil se encuentra conformada por grupos de distintas edades, que están en desarrollo y crecimiento, por lo que el diseño de estos espacios debe ser atractivo para cada etapa de la niñez (Flowers et al., 2019). Así como destacar la importancia en la presencia de estos espacios en las zonas de vivienda. Algunas investigaciones como la desarrollada por McConnachie y Shackleton (2010) y por Schüle, Gabriel y Bolte (2017) han examinado la falta de distribución equitativa de los parques en vecindarios de diferentes niveles socioeconómicos, encontrando inequidades en la superficie y la calidad de estos espacios. Las personas de bajo nivel socioeconómico y de minorías étnicas tienen acceso a menos metros cuadrados de área verde por persona y a parques con menor calidad, mantenimiento y seguridad que las personas más privilegiadas. Estas desigualdades demográficas a menudo reflejan divisiones geográficas entre el centro de las ciudades y los suburbios (Rigolon et al., 2018).

Los escenarios de desigualdad y falta de justicia espacial hacia la infancia pueden mejorar a través de la participación infantil. La participación infantil no solo permite transformar la realidad cercana, sino que ofrece una oportunidad de formación cívica única, dado que nos formamos como ciudadanos y ciudadanas “en la medida que tenemos la oportunidad de ejercer nuestros derechos civiles en el marco de los grupos y comunidades en que estamos implicados” (Novella, 2008, p. 78). La participación infantil tiene un rol formativo debido a que permite desde edades tempranas concientizar sobre la relevancia que tiene involucrarse en los procesos de decisión, conocer sus derechos y el papel transformador de hacer valer su ciudadanía. Por lo tanto, es esencial para el desarrollo social que la infancia adquiera valores y desarrolle actitudes de comportamiento ciudadano (Acosta y Pineda, 2007).

Equipamiento público (EP)

En cuanto a las áreas verdes se pueden realizar algunas distinciones que obedecen a las características, función, tamaño y configuración del espacio (Núñez, 2021). Primeramente, cabe resaltar la diferencia entre aquellas que son públicas y privadas. Las áreas verdes públicas consisten en aquellos espacios destinados al uso colectivo y común, que permiten el libre acceso y tránsito, generalmente están bajo el dominio del poder público (SEDATU,2022). Mientras que las áreas privadas son espacios que no necesariamente están destinados al uso generalizado de los habitantes (Núñez, 2021). A su vez el espacio público se puede clasificar por su disposición y el tipo de función, aunque también existen aquellos que pueden albergar múltiples funciones. En particular, podemos resaltar aquellos que tienen la función de Equipamiento Público (EP), consisten en espacios que propician actividades sociales, culturales, económicas y recreativas. Se caracterizan por ser incluyentes y están encaminados a mejorar la calidad de vida de los habitantes, entre estos podemos mencionar parques, jardines, plazas, espacios deportivos, miradores, etc. (SEDATU,2022).

Es importante añadir que el uso de los espacios públicos obedece principalmente a dos factores, la infraestructura física y su calidad, así como las características individuales de los usuarios (Bedimo-Rung et al., 2005). El indicador de éxito del acceso universal a espacios públicos y áreas verdes, por tanto, toma en cuenta el segundo factor, pero ignora la infraestructura física y su calidad. En los últimos años, se ha observado que ha disminuido el tiempo que la población infantil dedica al juego en espacios exteriores, realizando más actividades sedentarias al interior de sus hogares (Rigolon, 2017). Entre las principales razones, puede deberse a que dependen tanto de la presencia como de la proximidad de los parques a su vivienda, así como a la calidad y condiciones de los parques (Rader et al., 2015). A lo anterior se suman las restricciones que tiene la población infantil para moverse de forma autónoma en el espacio público que por tanto genera una dependencia en la disponibilidad de tiempo libre de sus cuidadores para visitar los parques (Gülgönen y Corona, 2019).

Cuando la posibilidad de jugar al aire libre para la población infantil es tan limitada queda confinada casi exclusivamente a los espacios de la vivienda por lo que su desarrollo puede verse comprometido, particularmente si viven en condiciones de hacinamiento. Se ha identificado que las y los niños que han sido criados en ambientes de hacinamiento presentan un retraso en la adquisición de sus habilidades, debido a que realizar actividad física es necesario para el desarrollo motriz de las y los niños (Murcia y García, 1996). Cabe destacar que otra condición que se presenta en las ciudades, es que el acceso a las áreas verdes es más reducido para la población infantil que habita en zonas de bajo ingreso económico (Rigolon, y Flohr, 2014) y en los espacios existentes la presencia de instalaciones encaminadas al juego es más limitada. En relación con esto, la calidad del espacio y su mantenimiento es más deficiente con respecto a los parques que se localizan en zonas habitacionales de más altos ingresos, lo mismo sucede si presentan mobiliario u otro tipo de instalaciones y áreas ajardinadas (Chen et al., 2019).

En este sentido, la accesibilidad a las áreas verdes para los asentamientos menos favorecidos se ve afectada tanto por la desigualdad en la calidad del espacio como por una más reducida superficie (Rigolon, 2016), estos factores generan que dicha población visite con menos frecuencia los parques (Chen et al., 2019). Otro aspecto fundamental para el uso de estos espacios es la proximidad a la vivienda. Existen algunas recomendaciones internacionales como el Estándar de Espacios Verdes Naturales Accesibles (ANGS por sus siglas en inglés Accessible Natural Greenspace Standard) que establece la organización Natural England para Inglaterra donde recomienda que un área verde del al menos 2 hectáreas de superficie debe ubicarse a 300 metros, lo que representa cinco minutos caminando (Natural England, 2010).

Por otro lado, algunos estudios sugieren una distancia a los parques equivalente a diez minutos caminando (Poelman, 2018). Otros estudios han señalado 400 metros como una distancia caminable hacia cualquier zona de acceso del parque (Ayala-Azcárraga, Diaz y Zambrano, 2019). En cuanto a esto, Gehl (2006) indica que la distancia caminable depende en gran medida de la distancia experimentada, es decir, es relativa a las condiciones que se experimenten en el recorrido. A nivel nacional, la normativa establece una distancia desde 400 metros a la vivienda para parques que poseen una superficie menor de dos hectáreas, conforme se incrementa la extensión de área verde dispuesta en los asentamientos se aumenta la distancia recomendada a estos espacios (SEDATU, 2022).

Sin embargo, para la población infantil la proximidad a los parques se encuentra por debajo de dichos estándares, debido a que su movilidad de manera autónoma se encuentra mucho más restringida, particularmente en las y los niños más pequeños que generalmente no tienen permitido cruzar la calle por si solos por lo que la distancia de recorrido se ve reducida a permanecer en la manzana donde residen (Roemmich et al., 2006). Como señala Tonucci (2007) tomar al niño como parámetro implica romper con el modelo de ciudad pensada, proyectada y evaluada para un supuesto ciudadano promedio, que casi siempre es un hombre sano, trabajador, de edad y nivel socioeconómico medio. Hacerles partícipes de la toma de decisiones permite también llegar a soluciones de espacio público innovadoras y más pertinentes para esta población (Morell et al., 2019). En cuanto a la falta de cuidado de las áreas verdes, el poco o nulo mantenimiento de estos espacios puede atraer actividades vandálicas, grafiti y basura que incrementan la percepción de inseguridad factor que puede ser determinante para que las y los niños se abstengan de visitar el parque (Rader et al., 2015).

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta es una investigación de enfoque cuantitativo descriptivo que busca identificar geográficamente las zonas de alta concentración de población infantil de la zona metropolitana de Monterrey para determinar si existen carencias de áreas verdes urbanas. Por medio de los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI (2022) se seleccionaron los grupos de población que contaban con 0 a 14 años de edad, vinculados a su localización dentro del área urbana, con el apoyo de un sistema de información geográfica. Los datos fueron desagregados a nivel de áreas geoestadísticas básicas^[1] o AGEBs de los doce municipios conurbados de la Zona metropolitana de Monterrey: Apodaca, El Carmen, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago, más los tres municipios integrados funcionalmente: Cadereyta, General Zuazua y Pesquería. Se utilizó la delimitación de la Zona metropolitana de Monterrey, incluyendo Municipios centrales e integrados por función, descartando aquellos municipios exteriores vinculados exclusivamente por política urbana (Ver mapa de Figura 1).

A partir de lo anterior, se buscó identificar los AGEBs donde se concentra la mayor cantidad de infantes de la zona metropolitana, por lo que de acuerdo con los datos censales obtenidos se determinaron aquellas áreas que cuentan con más de 2000 niñas y niños, de los que se identificaron un total de 25 AGEBs (Ver Tabla 1). Posteriormente, de entre estas áreas geoestadísticas se seleccionaron tres AGEBs que cuentan con una cantidad mayor a 3000 habitantes de la población infantil (Ver Tabla 2), con el fin de analizar la provisión de áreas verdes de estos asentamientos, así como su proximidad a la vivienda. Por medio de fotografía satelital obtenida de INEGI (2022), se tradujo la información de las áreas verdes a un formato vectorial. Seguidamente, la información se analizó y se obtuvo la superficie en metros cuadrados de todas las áreas verdes que se ubican en el interior de estos tres polígonos urbanos (Ver Tabla 2). Para lo anterior se utilizó el sistema de información geográfica de acceso abierto QGIS.

Para estimar la superficie de las áreas verdes se distinguieron aquellas que funcionan como Equipamiento Público EP, con base en sus dimensiones, superficie y tipo, descartando los espacios no utilizables para uso recreativo. Consecutivamente se calculó la cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante en cada zona (Ver Tabla 2).

Figura 1
Ubicación de los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey ZMM y municipios agregados a la ZMM dentro del Estado de Nuevo León.
Nota. Elaboración propia del mapa de Nuevo León con datos de INEGI (2020).

Para analizar la proximidad del área verde a la vivienda, se consideró la escala de servicio de 400 metros establecida por la normativa de la SEDATU (2022). Para lo anterior, se trazaron buffers partiendo del centroide de cada área verde ubicada al interior de los polígonos, y se estudió su cobertura. En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de dicha metodología.

RESULTADOS

Como se puede observar en la Tabla 1, son 25 las áreas geoestadísticas AGEBs que concentran más de 2000 infantes (0 a 14 años) en la zona metropolitana de Monterrey. La proporción de población infantil con respecto a la población total de las áreas señaladas representa casi la tercera parte con un porcentaje de entre 27.8% al 35.9 %. Asimismo, estos AGEBs se encuentran ubicados en la periferia de la mancha urbana (Ver mapa de Figura 2). Entre los municipios centrales en lo que se localizan son: General Escobedo, Juárez, Apodaca, Monterrey, García, El Carmen, Santa Catarina y Salinas Victoria, y de los municipios de integración funcional son: Pesquería y Cadereyta Jiménez.

En cuanto a los tres AGEBs que cuentan con la mayor cantidad de población infantil (más de 3000 infantes), los que se identifican con la clave geoestadística 1902100010344 y el 1902100011713, se localizan en el municipio de General Escobedo y el tercero, con la clave 1903100011777, se ubica en el municipio de Juárez. Ambos municipios forman parte de los municipios centrales del área metropolitana de Monterrey, no obstante, estos AGEBs se ubican en los límites de la mancha urbana (Ver mapa de la Figura 3). En relación con la superficie de área verde con la que cuentan estos asentamientos, se llevó a cabo la estimación de metros cuadrados del área verde total con la que cuenta cada uno de los AGEBs, así como los metros cuadrados del espacio que funciona como equipamiento público EP (Ver Tabla 2).

Figura 2
Áreas geoestadísticas básicas con mayor concentración de población infantil, localizadas en la periferia de la mancha urbana.
Nota. Elaboración propia, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020).

Figura 3
Ubicación de los tres AGEBs que concentran la mayor cantidad de población infantil de la ZMM. Elaboración propia, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020).
Nota: Elaboración propia, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020).

A partir de estimar la superficie, se realizó el cálculo de la cantidad de área verde por habitante del área verde total. De igual forma se estimaron los metros cuadrados por habitante de las áreas verdes que funcionan como EP. Los asentamientos habitacionales que se ubican en el municipio de General Escobedo cuentan con mayor dotación de áreas verdes, que oscilan entre los 5.51 m2 y 5.15 m2 por habitante, que de la superficie de área verde total representan el 93.10% y 87.06% respectivamente. Mientras que el AGEB que se ubica en el municipio de Juárez cuenta con 2.03 m2 lo que equivale al 70.31% del área verde total (Ver Tabla 2). Estas cantidades se encuentra por debajo del promedio metropolitano que es de 6.72 m2,

Con respecto a la proximidad de estos espacios a la vivienda, como se puede observar en los tres mapas de la Figura 3, se estableció un buffer de un radio de 400 metros para determinar la zona de servicio de las áreas verdes identificadas como EP, partiendo del centroide de cada espacio. Dicho parámetro es la distancia recomendada por la normativa para establecer el área de servicio de los parques según la superficie con la que cuentan estos espacios (SEDATU, 2022). A partir de determinar el radio de influencia de las áreas verdes dispuestas al interior de los asentamientos habitacionales de cada AGEB, se consiguió visualizar que la distribución de los parques consigue cubrir esta disposición. De tal manera que, dentro de los tres AGEBs se cuenta con parques ubicados a menos de 400 metros de la vivienda (Ver Figura 4).

Figura 4
Áreas verdes EP ubicadas al interior de los tres AGEBs donde se muestra una zona de buffer de un radio de 400 metros alrededor de cada parque.
Nota: Elaboración propia, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020).

DISCUSIÓN

A partir de lo anterior, fue posible observar que los AGEBs que cuentan con mayor cantidad de infantes (> 2000) de la zona metropolitana de Monterrey se ubican en la periferia urbana (Figura 1). Esto se debe a los procesos de expansión urbana antes mencionados (Bazant, 2008), corroborando lo que se ha señalado sobre el crecimiento acelerado de población urbana que trae consigo la demanda de vivienda (Libertun de Duren, 2017). En la zona metropolitana de Monterrey, la alta concentración de población infantil en la periferia se puede explicar por el poder adquisitivo de las familias jóvenes, que encuentran viviendas más asequibles en estas zonas. El que los miembros de las familias más jóvenes tiendan a situarse en los asentamientos localizados en los bordes de las ciudades tiene repercusiones para la infancia en el uso de los espacios públicos y áreas verdes. Debido a la combinación en el incremento en tiempo por desplazamientos que asumen sus cuidadores, lo que impacta en su disponibilidad de tiempo libre, así como por la reducida movilidad independiente de las infancias (Gülgönen y Corona, 2019).

En cuanto a los tres AGEBs que concentran más de 3000 habitantes de la población infantil en la zona metropolitana de Monterrey, fue posible observar que los asentamientos habitacionales que se ubican en su interior, cuentan con una menor cantidad de áreas verdes que fungen como equipamiento público EP con respecto a la superficie de área verde por habitante del promedio metropolitano que es de 6.72 m2 (Ver Tabla 2). Siendo el AGEB ubicado en el municipio de Juárez el que cuenta con una menor dotación de espacios con 2.03 m2 por habitante, que equivale al 70.31% del área verde total de ese polígono urbano. Esta cantidad representa menos de la tercera parte del promedio metropolitano, encontrándose en mayor desventaja que el resto de los AGEBs.

Cabe resaltar que en los tres AGEBs analizados, los infantes representan un tercio de la población total de su área urbana (entre 27.8% al 35.9 %), además son los polígonos que concentran más población infantil de toda la zona metropolitana, por lo que esta insuficiente disposición de áreas verdes con respecto al resto de la metrópoli, resulta en una desigualdad social por la inequidad en el acceso a las áreas verdes para la población menos privilegiada (Rigolon, 2016). Estos hallazgos visibilizan un problema de justicia espacial en la distribución y cantidad de áreas verdes en la ciudad, donde particularmente la infancia que habita en las periferias urbanas carece de espacios suficientes para jugar y socializar al aire libre, lo que tiene como consecuencia la limitación en su sano desarrollo físico, mental y socio-emocional (Gülgönen y Corona, 2019).

Si bien las tres áreas geoestadísticas analizadas cumplen con lo que la normativa establece en cuanto a los 400 m de proximidad del espacio público a la vivienda (Ver Figura 4), desde la perspectiva de primera infancia, la proximidad al parque a partir de los centroides a las manzanas donde se ubican las viviendas es insuficiente. Para los preescolares, la distancia próxima consiste en la manzana donde se ubica su vivienda (Roemmich et al., 2006) ya que generalmente son los espacios donde pueden desplazarse de forma autónoma. La normativa que establece una distancia de 400 m del parque a la vivienda como área de servicio (SEDATU, 2022), no toma en cuenta las condiciones poco favorables para la movilidad independiente de las y los niños, especialmente las y los más pequeños.

Por ello, las recomendaciones sobre el área de influencia y proximidad de los parques también deberían tomar en cuenta la movilidad independiente factible para los grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran las infancias. Si las condiciones de las calles, aceras, iluminación, seguridad urbana es inadecuada, entonces el parque localizado a 400 metros de la vivienda es inaccesible en la práctica. El espacio público que verdaderamente permita un sano desarrollo infantil, incluyendo su interacción social y su independencia, va mucho más allá del área verde o parque con áreas infantiles, constituye un proyecto tanto de transformación urbana como ciudadana. Por lo tanto, concebir a buena parte, que en este caso equivale a un tercio de los pobladores de estos espacios urbanos periféricos como infancias urbanas, es un cambio necesario para el buen diseño y gestión de la ciudad. Hacer partícipes a las infancias en el análisis de las condiciones urbanas facilitará su adecuación, proyección y su gestión (Morell et al., 2019).

CONCLUSIONES

A partir de los datos y la información geográfica analizada se puede determinar que existe una falta de dotación de áreas verdes en las zonas habitacionales que cuentan con una alta concentración de población infantil, en relación con el resto de la zona urbana. Es importante señalar que entre los hallazgos se pudo observar que estos asentamientos se ubican en la periferia de la Zona Metropolitana de Monterrey por lo que se pone en evidencia las desigualdades sociales que existen en cuanto a la distribución y la disposición de áreas verdes, particularmente aquellas que funcionan como equipamiento público.

Se debe destacar que para realizar la cuantificación del área verde se consideraron solamente los espacios que por su superficie y dimensiones funcionaban como equipamiento público. Sin embargo, es importante evaluar las características físicas y de las instalaciones que se ubican en el interior de los parques para conocer si efectivamente responden a las necesidades de las personas que residen en las zonas habitacionales. Los asentamientos habitacionales deberían de estar dotados con una superficie de área verde que corresponda a la concentración de la población a servir. En este sentido, se requiere que existan espacios suficientes para que las y los niños lleven a cabo actividades al exterior que aporten beneficios en su crecimiento y salud.

En cuanto a la proximidad de los parques a la vivienda si bien las áreas analizadas cumplen con la disposición de la distancia mínima para la ubicación de estos espacios, es fundamental que estas recomendaciones consideren las necesidades de movilidad de otros grupos sociales como es el caso de la población infantil. Por lo tanto, se debe considerar para estudios posteriores el análisis de las condiciones de estos espacios, así como de la infraestructura con la que cuentan, de tal manera que se consiga evidenciar la relevancia en la disposición y diseño de los parques vecinales para la población a la que dan servicio, particularmente aquellos grupos sociales que predominan en los asentamientos habitacionales.

De igual forma, es importante tomar en cuenta los ciclos de vida no solo de la infraestructura urbana, sino de la población. Si la ciudad continúa sus procesos de expansión, es de suponerse que la infancia seguirá habitando nuevas periferias, y los pobladores actuales madurarán y tendrán otros requisitos espaciales. Por ello, la inversión en infraestructuras flexibles, adaptables y diversas en el área verde y espacio público es estratégico.

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Notas

Notas de autor

Tel: 52 8111988229 Email: melissa.casillas@gmail.com

Información adicional

ORCID: Amanda Melissa Casillas-Zapata: Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León, México; Karen Hinojosa-Hinojosa: Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES: Amanda Melissa Casillas-Zapata: Conceptualización, Curación de datos, Metodología, Investigación, Administración de proyectos, Software, Validación, Redacción: borrador original, Redacción: revisión y edición; Karen Hinojosa-Hinojosa: Conceptualización, Análisis formal, Metodología, Investigación, Software, Visualización, Redacción: borrador original, Redacción: revisión y edición.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El estudio fue autofinanciado.

CONFLICTOS DE INTERÉS : Los autores expresan que no existen conflictos de interés.

AGRADECIMIENTOS: No aplica.

PROCESO DE REVISIÓN : Este estudio ha sido revisado por pares externos en modalidad de doble ciego.

EDITOR RESPONSABLE: Edgar Gutiérrez Gómez, egutierrez@unah.edu.pe

DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS: La base de datos y cuestionarios del presente estudio estará disponible para la comunidad científica solicitándola al autor de correspondencia.